País Vasco, Madrid y Navarra concentran el mayor gasto público en educación concertada

El gasto público en educación alcanzó en 2023 una cifra récord en España: 67.938 millones de euros, lo que supone un incremento del 7?% respecto al año anterior, según los datos recogidos en el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, publicado por el Ministerio de Educación. Sin embargo, más allá del volumen general de inversión, el informe pone de manifiesto importantes diferencias entre comunidades autónomas en cuanto a la distribución del gasto, tanto por tipo de enseñanza como por titularidad de los centros.

Más gasto, más diferencias

Las Islas Baleares son la comunidad que más porcentaje de su gasto educativo dedica a la educación no universitaria, con un 87,8?%. Le siguen Castilla-La Mancha (87,3?%) y La Rioja (86?%). En el caso de la educación universitaria, la Comunidad de Madrid encabeza la lista con un 28,6?% del gasto autonómico en educación, seguida por la Comunidad Valenciana (24,7?%) y Castilla y León (23,9?%).

La distribución territorial no solo refleja diferencias en el enfoque político o presupuestario, sino también en las características estructurales de cada sistema educativo regional: número de universidades públicas, peso relativo de la red de centros privados, y características sociodemográficas.

Aumento sostenido de los fondos públicos para centros privados

Uno de los aspectos más relevantes que se desprenden del informe ministerial es el aumento sostenido de los fondos públicos destinados a la educación concertada en la última década. En 2022, se destinaron 7.495,2 millones de euros a la financiación de centros privados concertados, lo que equivale al 11,8?% del gasto público total en educación y al 13,3?% del gasto de las administraciones educativas.

En 2012, esa cifra era de 5.705,8 millones de euros. En diez años, el aumento ha sido de casi 1.800 millones de euros, a pesar de un ligero retroceso en 2013. Desde 2014, se observa una tendencia ascendente que no se ha interrumpido.

Cabe destacar que casi la totalidad de estos fondos proviene de las comunidades autónomas. Solo un 0,3?% es gestionado directamente por el Ministerio de Educación, lo que evidencia el papel protagonista de los gobiernos autonómicos en la financiación de esta red de centros.

País Vasco, Madrid y Navarra, en cabeza

Las comunidades que más porcentaje de su presupuesto educativo destinan a financiar centros privados concertados son:

• País Vasco: 23,5?%

• Comunidad de Madrid: 18,8?%

• Navarra: 17,6?%

A continuación se sitúan Cataluña, Islas Baleares, Murcia, La Rioja y Cantabria, todas por encima del 12?% de gasto concertado.

En el extremo opuesto, con los niveles más bajos de inversión pública en este tipo de centros, se encuentran Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura, donde el porcentaje ronda entre el 7,8?% y el 8?%.

Este reparto territorial responde a una combinación de factores históricos, ideológicos y demográficos. En algunas regiones, el peso tradicional de la red privada concertada es mayor, y en otras se ha fomentado más la escuela pública. Además, la existencia o no de red pública suficiente en determinadas zonas también condiciona la demanda y la financiación de la concertada.

Etapas educativas: primaria y ESO, el núcleo del gasto

En cuanto a la distribución del gasto por etapas educativas, los niveles obligatorios concentran la mayor parte de la financiación. En concreto:

• Educación Primaria: 33,5?%

• Educación Secundaria Obligatoria (ESO): 32,1?%

• Educación Infantil: 16,5?%

• Formación Profesional: 8,0?%

• Educación Especial: 5,2?%

Este desglose es coherente con la estructura del sistema educativo, en el que las etapas obligatorias acumulan tanto el mayor número de alumnos como el mayor número de centros.

Segregación, cuotas y acceso desigual

El crecimiento de la red concertada no se ha producido sin polémica. De acuerdo con el último informe PISA, España es el país con mayor segregación socioeconómica entre la escuela pública y la concertada dentro de la OCDE. El alumnado de origen migrante representa solo el 10?% en la concertada, frente al 18?% en la pública.

Aunque por ley la enseñanza en centros concertados debe ser gratuita en las etapas obligatorias, lo habitual es que las familias paguen una cuota mensual bajo distintos conceptos: aportaciones voluntarias, servicios extraescolares o actividades complementarias. En la práctica, no pagarla puede implicar la exclusión del centro, según denuncian asociaciones de padres y colectivos por la educación pública.

Un estudio reciente del centro de políticas públicas de ESADE señala que Navarra es la comunidad con mejor equilibrio en la distribución del alumnado vulnerable entre centros públicos y concertados. En otros territorios, como Madrid o Cataluña, las diferencias son mucho más marcadas.

El coste para las familias varía según la región

El coste medio anual que pagan las familias en centros concertados varía significativamente entre comunidades. Según el mismo informe:

• Cataluña: 1.696?€ al año

• Comunidad de Madrid: 1.156?€

• País Vasco: 959?€

• Comunidad Valenciana: 597?€

• Andalucía: 453?€

Estas diferencias no solo reflejan la diversidad de enfoques autonómicos, sino también el distinto nivel de control sobre las aportaciones solicitadas por los centros, así como la implicación pública en el acceso universal.