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Los puntos clave de la nueva ley Celaá aprobada en materia de educación

Publicado el - 20 Noviembre de 2020
Los puntos clave de la nueva ley Celaá aprobada en materia de educación

Ayer se dio por aprobada la conocida como Ley Celaá, que afectará al entorno estudiantil. En dicha ley se deroga la Ley Wert existente, estableciendo diversos cambios que contemplan cómo serán las clases y -sobre todo- qué desarrollo tendrán las asignaturas que se impartan.

Esta ley ha estado rodeada de bastantes detractores, tanto en la sociedad como en varios de los partidos políticos, con el PP, Ciudadanos y VOX rechazándola abiertamente, aunque no pudiendo acaudalar los suficientes votos como para prohibir su implantación. Los votos a favor de PSOE y Podemos junto a otros partidos minoritarios ha sido suficiente como para lograr la mayoría en el pleno.

La única fórmula existente para anularla tras su paso por el Congreso, es que el Senado y el Tribunal Superior consideren a bien la queja oficial que los partidos políticos en contra han presentado. No obstante, de momento es válida y se comenzará a implantar.

Puntos clave de la Ley Celaá

  • Se define a la educación pública como el pilar fundamental del sistema educativo.
  • Se elimina al idioma castellano como lengua vehicular en la enseñanza, así como el idioma oficial del Estado. Con ello, se establece que cualquier administración o colegio deban garantizar el derecho de toda persona a recibir clases en castellano y en lenguas o dialectos propios de su territorio.
  • Se modifica la nomenclatura de la asignatura “Lengua Cooficial y Literatura” por “Lengua Propia y Literatura”.
  • El contenido de las asignaturas básicas no debe contemplar una ratio superior al 50 % de los horarios para las comunidades que ostenten una lengua cooficial ni un 60 % para el resto.
  • La asignatura de Religión deja de ser obligatoria, y además se elimina la obligación de tener que cursar una materia alternativa para quienes no la deseen. Tampoco se tendrá en cuenta la nota de dicha asignatura en los procesos de selectividad, acceso universitario o becas.
  • Se impartirá una enseñanza aconfesional tildada como cultura de las religiones tanto en Primaria y Secundaria.
  • Igualmente, en Primaria y Secundaria, se impartirá una asignatura relativa a los derechos humanos y la igualdad. Además, en Secundaria se cursará temas acerca de cuál es el rol social que tienen los impuestos y cómo se define e imparte la justicia fiscal.
  • Se da un periodo de diez años para los centros ordinarios habiliten internamente los recursos necesarios para atender a todo el alumnado que ostente algún tipo de discapacidad. La Administración se ocupará de apoyar y financiar a los centros de Educación Especial para que puedan ocuparse solo de aquellos alumnos necesitados de una atención muy específica.
  • Se cancela toda posibilidad de instaurar nuevos centros concertados y que los habidos puedan incrementar sus plazas. Dejarán de estar subvencionados.
  • Se facilitará medios para que los municipios construyan más centros públicos cuando sea necesario según la demanda de alumnos.
  • Se prohíbe que los centros educativos separen al alumnado según su género.
  • Se establece que, si un centro está llegando al máximo de su cupo de alumnos, se decante según si tiene hermanos matriculados, la proximidad del domicilio y renta de la familia. Si luego de eso sigue habiendo empate, se determinará cualquier otra circunstancia, como si es familia numerosa.
  • Si hay más demanda de plazas de alumnos de los que el centro pueda admitir, se deberá equilibrar el ingreso favoreciendo a los alumnos más desfavorecidos o que estén en exclusión social.
  • Se promoverá la instauración de centros educativos públicos para niños de 0 a 3 años.
  • Cualquier alumno podrá pasar de curso si el equipo docente lo considera oportuno, así como si tiene hasta dos materias suspensas. Si un alumno tiene que repetir, solo podrá sucederle dos veces como máximo.
  • Se impartirá asignaturas para que los alumnos conozcan la historia de la democracia en España definiéndola según la perspectiva de género.
  • Desde Primaria, se deberá fomentar una educación para la salud, que incluya la afectivo-sexual.
  • Se deberá Impulsar el incremento de alumnas en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, y de igual forma, promover la presencia de alumnos en los estudios donde más mujeres hay.
  • Se deberá impartir temario específico que oriente al alumno para que fortalezca su relación con el planeta.
  • Toto alumno que acabe la ESO deberá recibir un certificado donde conste los años que cursó y cuáles son sus competencias.
  • El Bachillerato podrá realizarse en tres años y acabarse incluso aunque al alumno le reste una asignatura pendiente.
  • La educación de adultos contempla ahora a cualquier mayor de 16 años que ostente un contrato laboral.
  • Las Administraciones municipales tendrán ahora capacidad propia para sintetizar programas formativos orientado a mayores de 17 años que no tengan ninguna cualificación, abriéndoles así la capacidad para estudiar un título de Formación Profesional.
  • Se habilitará que desde el tercer curso de Secundaria, los alumnos reciban la enseñanza oportuna para aprender cómo modificar y adaptar un currículo.
  • El Gobierno se establece el plazo de un año para regular la formación inicial a los docentes, así como su desarrollo profesional con las nuevas asignaturas que deberán impartir.
  • La Administración subraya que si observan que algún docente no ostenta las condiciones necesarias o el rendimiento que su puesto requiere, será removido de su cargo.
  • La fase de concurso de los docentes tendrá en cuenta la trayectoria profesional del candidato y todos sus méritos, mientras que la oposición dará prioridad a sus capacidades en total y no solo a la prueba.
  • Se contempla un desarrollo integral en el ámbito digital de los estudiantes de forma progresiva en cada etapa educativa.
  • Se garantiza que los municipios rurales ostenten mínimo un puesto gratuito en Primaria.
  • Tanto el Gobierno central como cada comunidad autónoma deberá tener fijado un plan de contingencia que garantice la continuidad de la actividad educativa ante situaciones como la crisis del coronavirus.
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