Avalada la gestión privada de la sanidad madrileña por el TC

El próximo consistorio salido de las urnas, podrá decidir si la gestión de la sanidad madrileña en pública, privada o mixta. Según el TC, la Constitución no obliga que la gestión de la Seguridad Social sea exclusivamente de los funcionarios de la administración pública.

Ésta resolución cuenta con el apoyo del conjunto de los magistrados que componen el pleno, rechaza por unanimidad los argumentos de 57 senadores de la oposición que defienden la no privatización de seis hospitales, los de Coslada, San Sebastián de los Reyes, Parla, Aranjuez, Arganda y Vallecas, además de veintitantos centros de salud repartidos por toda la Comunidad de Madrid. La Carta Magna no exige que la gestión pública sea directa. Siempre y cuando se preserve la titularidad pública, eso es sagrado. Por tanto quien asume la gestión, no asume la potestad de las prestaciones que siempre quedan en manos de los poderes públicos.

Consejería de salud

El TSJM se pronunció en respuesta a la conocida como “la marea blanca” cuando ciudadanos y profesionales se echaron a la calle para defender la sanidad pública. La reforma de la ley estatal 15/1997, aprobada por el gobierno del PP con el apoyo del PSOE y durante la primera legislatura de José María Aznar, fue la que introdujo la gestión público y privada del Sistema de Salud a nivel del Estado, luego posteriormente se traspasaron competencias a las Comunidades Autónomas.

Por consiguiente es legal que cualquier servicio que mantenga la titularidad pública pueda tener la gestión del mismo, totalmente pública, totalmente privada o compartida y siempre estará dentro de la ley y al amparo de la Constitución.

Hoy en día la Comunidad de Madrid tiene un modelo de sanidad donde todos los hospitales son públicos y gratuitos bajo una administración que depende de la Consejería de Sanidad así como su personal médico y los servicios no sanitarios están en manos de empresas concesionarias de carácter privado.

La Consejería de Sanidad quería ahorrar unos 130 millones de euros con la privatización de la gestión, pero manteniendo la calidad del servicio. Daba por hecho que la calidad de la gestión privada iba a ser mejor que la actual pública, pero sin aportar ninguna prueba que lo corroborase. Su único argumento era que el sistema actual no era sostenible y por ello se quería sacar a concurso la gestión únicamente y que la titularidad sería pública y gratuita como hasta ahora.