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Si se produjera la hipótesis de una separación, la Societat Civil Catalana ha realizado un informe que asegura una bajada de las pensiones del 10% de media y niega que el subsidio de cada uno de los catalanes este seguro, la Generalitat asegura que sí. Como media un catalán percibe una pensión de 917 euros.
Las consecuencias económicas y jurídicas en las que se vería envuelto el proceso de independencia, son la base del cálculo de la Societat Civil Catalana, para el cálculo de las pensiones y su ratio. Tendría un descenso importante en las exportaciones que rondaría el 30% de media, el cual a su vez provocaría un descenso de un 7% de media del empleo. Toda esa bajada de los índices de trabajo, provocaría a su vez un descenso en las aportaciones a la Seguridad Social, con el consiguiente recorte de las pensiones en un 6,50% de media. El resto hasta llegar casi al 17%, vendría de la mano
de los complementos a mínimos que paga el Estado, además de la financiación de las pensiones y otras prestaciones no contributivas.
El informe, según José Domingo, secretario de Societat Civil y letrado de la Seguridad Social, ha sido bastante conservador y manifiesta la ruptura de la estructura de la caja de la Seguridad Social tal como funciona hoy en día tendría graves efectos tanto para los ciudadanos de un Estado Catalán como para el resto de España. Pero mucho más grave es que durante un período temporal podrían quedarse sin cobrar los pensionistas de este hipotético Estado y eso si que podría ser un colapso de grandes y terribles magnitudes.
Este informe niega en rotundo la versión oficialista que promulgan los partidos y agrupaciones independentistas y que dicen que los pensionistas de Cataluña tienen un superávit positivo de 24.126 millones de euros desde el año 1995 y además podrían subir estas pensiones, debido al efecto compensatorio con el resto de comunidades autónomas actual.
El exministro de trabajo Juan Carlos Aparicio ha baticinado que la creación de una Seguridad Social catalana podría comportar costes superiores a los que tiene la Seguridad Social española, ya que la estatal no gasta apenas un euro de cada cien que se ingresan, en gastos de gestión, por los acuerdos que tiene el Estado con las entidades financieras, confianza que perdería el sector financiero con la Generalitat, debido a la confrontación con la Unión Europea y la zona euro. Sin un sistema financiero fuerte no puede llevarse a cabo una transición manteniendo las actuales coberturas en tema de pensiones.