Se aprueban las bodas y divorcios ante notario.

El Congreso de los Diputados da luz verde para que los notarios y secretarios judiciales puedan tramitar bodas y divorcios, elevando la edad mínima para casarse de los 14 actuales a los 16 años.

El texto aprobado pasará al Senado y abre las puertas para que los notarios y secretarios judiciales, puedan casar o divorciar, sólo de mutuo acuerdo y sin que existan a su cargo menores ni personas con discapacidad. Los notarios podrán cobrarán unos honorarios pero los secretarios judiciales podrán realizarlos de forma gratuita.

Serán competentes por tanto para realizar la celebración del matrimonio, los alcaldes de los municipios y concejales, los notarios y secretarios judiciales, encargados de Registro Civil, diplomáticos y cónsules y encargados del Registro Civil en el extranjero.

También ha cambiado la edad mínima para contraer matrimonio que será de 16 años, la misma que la del consentimiento sexual, eliminando la emancipación a los 14 años como hasta ahora.

Esta medida pretende quitar carga de trabajo a los jueces de las tareas que no son estrictamente jurisdiccionales que no tengan litigio entre partes.

Así pues, cualquier ciudadano podrá casarse de forma gratuita ante un secretario judicial o pagarle a un notario para ganar tiempo en la tramitación del expediente matrimonial. También los jueces de paz podrán realizar actos de conciliación cuando la cantidad no sea superior a 6.000 euros y si fuera necesario deberán estar presentes procuradores y abogados cuando haya controversia entre las partes. Además la ley introduce como novedad el reconocimiento a efectos civiles de los matrimonios celebrados por los ritos ortodoxo, mormón, budista y testigos de Jehová, uniéndose a los católico, judío y musulmán que ya incluía.

El juez resolverá los expedientes en materia de familia y de personas, como los derechos de los menores o donaciones de órganos y será voluntaria la jurisdicción en algunas materias de orden civil y mercantil.

Hay que contar con la actual figura de notarios y registradores, ya que no son funcionarios públicos y esto lleva al terreno privado y premia la privacidad ante la jurisdicción voluntaria en el ordenamiento jurídico.