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El SEPE no evalúa la formación de los trabajadores en sus empresas.

Publicado el - 10 Septiembre de 2015
El SEPE no evalúa la formación de los trabajadores en sus empresas.

Acaba de fiscalizar el Tribunal de Cuentas la formación que reciben los trabajadores, contratada por las empresas para sus trabajadores con cargo a la Seguridad Social y denuncia que el SEPE no tiene ningún informe específico sobre esta cuestión, para evaluar el impacto que tiene en el mantenimiento del empleo o mejora de este así como su competitividad. Esta evaluación es obligada por Ley desde 2007 y se destinaron 571 millones de euros el año pasado.

Se puso en marcha en el año 2004, formación bonificada con cotizaciones a la Seguridad Social. Su evolución desde entonces ha sido muy significativa y ha pasado de 394 millones de euros a 580 millones de euros en el año 2015. En sus comienzos afectó a 3,2 millones de trabajadores.

Desde 2007 la norma obliga a hacer un plan anual que mida la calidad, el impacto, la eficacia y la eficiencia del modelo establecido. Los planes presentados en los años 2010 y 2011 son solamente un análisis estadístico de los resultados y no haciendo evaluación del impacto que han tenido las acciones formativas en la mejora de la productividad y competitividad.

El documento es preliminar a espera de las alegaciones de las partes afectadas. El SEPE dice en su respuesta que estos planes se encuentran todabía en desarrollo y que ya se han adjudicado los de 2012 y 2013.

La Fundación Tripartita; que son los empresarios y sindicatos además del propio SEPE y que colabora con ella en el diseño y desarrollo de la formación, ha encargado un informe sobre esta actividad a empresas privadas.

El Ministerio de Empleo también responde. El grueso de las alegaciones del Ministerio de Empleo se basan en explicar los cambios introducidos en la reciente reforma del sistema de formación, aprobada definitivamente este verano.

Legalmente se debe controlar un 5% del dinero público destinado a la formación. En 2012, se revisó un 6,25%, unos 35 millones de euros y casi 31.000 grupos de formación de los que siete de cada 10 controles no se pudieron culminar por falta de información o porque hubo irregularidades.

 

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