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José Luis Escrivá, el ministro de la Seguridad Social ha anunciado que arremeterá con la reforma planeada en el sistema de pensiones en el mes de septiembre, todo ello para lograr cuadrar su implicación en los Presupuestos generales que se quieren aprobar. Estos cambios desembocan en uso cambios importantes que afectará tanto a aquellos que están cobrando su pensión de jubilación como a los trabajadores en activo.
Recordemos que la controvertida medida de modificar el actual sistema de pensiones se suscitó tras presentarse el último Informe del Tribunal de Cuentas en el que se informaba que el sistema llevado por la Seguridad Social para gestionar las pensiones era insostenible. Se remarcaba cómo los abonos de las jubilaciones peligraban en España a corto plazo, por lo que, instó al ministerio de Escrivá a que reformulase el sistema por uno más sostenible.
Dado que los cambios a realizar son críticos, la Comisión del Pacto de Toledo ha proclamado que las reuniones tienen que ser presenciales para poder garantizar una fluidez y una facilidad en el diálogo óptimas para definir de la mejor forma posible este hecho. No obstante, la progresión negativa de la epidemia del COVID-19 está retrasando dicha posibilidad hasta el punto de que se van a establecer reuniones telemáticas desde esta semana.
Las medidas más significativas e impopulares serán el recorte de la cuantía de las pensiones, el incremento de la edad de jubilación y la regulación del cobro de la anticipada.
La iniciativa de reformar la edad de jubilación implica que los españoles podrán acceder a su pensión no a los 63 años, como viene siendo ahora, sino a la edad legal de 67 años, un incremento sustancial que desahogaría a las asfixiadas arcas estatales, mas que la población ve con malos ojos.
Asimismo, Escrivà ha defendido que el sistema de pensiones debe proceder única y exclusivamente de los Presupuestos del Estado.
Además, en el plan se estipula que el ajuste de las jubilaciones anticipadas esté fuertemente restringido en lo que respecta a la cuantía máxima que se puede otorgar, haciendo que sólo se conceda en situaciones críticas.
La idea general del Estado es aproximarse a los planes de pensiones habidos en el resto de Europa, potenciando un acceso a la jubilación mucho más exigente, que la edad de jubilación se aproxime a la edad oficial y que el cálculo de la pensión contributiva se efectúe a más de 25 años.
Ya hay tres pilares principales del proyecto aprobados y acordados entre las distintas partes gubernamentales, concretamente el de la revalorización de las pensiones para que se calcule en función del ratio del IPC, la sostenibilidad de las pensiones y la financiación por parte de la Seguridad Social de dichos retiros.
El problema que surge de todo ello es que, si la reforma se efectúa, el aumento en la edad de jubilación y la prolongación del periodo como base para el cálculo de la base reguladora supondrían dos barreras que aún no encuentran una raíz válida para ser aplicadas. De igual forma, la jubilación anticipada está en un continuo pulso en el que aún no hay nada claro.