El Consejo de ministros aprobará en breve el anteproyecto de Ley de reforma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

La reforma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es ya casi un hecho, a falta de que el Consejo de ministros acabe de aprobar su anteproyecto de ley. Las novedades de la reforma de la ley se basan, entre otras, en extremar las inspecciones en prevención de riesgos laborales, en extender la capacidad de controlar la causalidad de los contratos temporales y el trabajo ilegal de menores, de los 964 inspectores de trabajo a los 836 subinspectores.

Lo que se pretende es que el Gobierno pueda compartir y participar en las diferentes administraciones para que la inspección sea igual en todos los territorios. Con la crisis y la falta de trabajo, algunas empresas se aprovechan de las circunstancias de sus trabajadores con contratos fraudulentos. Por lo que se pretende mejorar la regularización de ciertos contratos, como aquellos a tiempo completo encubiertos.

Para evitarlo, la inspección de trabajo quiere que las empresas tengan un registro de esta información, que pedirá un inspector de trabajo. En 2014, las inspecciones de trabajo aumentaron en gran medida, un 127% si compara con 2013.

Otros de los aspectos de este anteproyecto es aumentar los recursos para la inspección de prevención de riesgos laborales, con subinspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Funciones de la inspección de trabajo

Así, la reforma establece que la Inspección de Trabajo será un organismo autónomo con representación de las comunidades autónomas. Tendrá un Consejo Rector, con representaciones de la Administración General del Estado (AGE) y las comunidades autónomas.

El consejo aprobará la estrategia de la inspección, el presupuesto y los recursos personales, creará comisiones operativas con las comunidades autónomas, y se creará una oficina nacional de lucha contra el fraude, con representantes de las comunidades autónomas. Esta oficina realizará mapas de fraude y, específicamente, se dedicará a la lucha contra el fraude en el ámbito de la formación profesional.