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Una de las tareas fundamentales que desempeña la Dirección General de Tráfico, es la redacción de la normativa para el tráfico y circulación de vehículos a motor, además de las normas de seguridad vial.
Las estadísticas que elabora a partir de los datos sobre los accidentes ocurridos, las consecuencias que de ellos se desprenden, así como la publicación y divulgación tanto a nivel nacional como internacional. Incluye todos los datos recogidos en todo el territorio nacional y con estos datos se eleboran los informes anuales que posteriormente son publicados. Los datos hasta que no son definitivos, recoge información sobre accidentes ocurridos en carreteras hasta 24 horas después del accidente.
La mayor parte de su funcionamiento es llevada a cabo por personal estatal, en cuestiones como la renovación, obtención, permisos de circulación, transferencia de vehículos, pérdida o robo del permiso de conducir, pero para otras comparte la ejecución con las autonomías.
Además, le corresponde establecer las directrices básicas y esenciales para la formación y actuación de los agentes de la autoridad en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, sin perjuicio de las atribuciones de las Corporaciones Locales, con cuyos órganos se instrumentará, de común acuerdo, la colaboración necesaria. Desde su creación, ha contado siempre con la colaboración de la Guardia Civil de Tráfico, para la vigilancia del tráfico en las carreteras de todo el estado. Dicha vigilancia puede ser completa o compartida con otros cuerpos policiales autonómicos.
La DGT también tiene ámbitos en los cuales no actúa ni tiene competencia como son la homologación de vehículos motorizados o no, que son susceptibles de compra, venta e importación.
Esta tarea la ejerce el Ministerio de Industria para vehículos motorizados y bicicletas, pasando la competencia de los juguetes al Ministerio de Sanidad. Las inspecciones o periodicidad de las mismas también pertenecen estas competencias al Ministerio de Industria junto con las consejerías de las Comunidades Autónomas. Tampoco tiene ninguna competencia sobre la conservación de las carreteras, su firme, pintura o señalización, de los más de 600.000 kilómetros de vías públicas existentes en nuestro país.